Pueden acudir a los servicios de una OMIC los consumidores y usuarios finales que, según la definición que da la Ley, son personas físicas o jurídicas que compren o utilicen como destinatarios finales, bienes, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.

No tienen la consideración de consumidores finales quienes, sin constituirse en destinatarios finales, compren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Por ejemplo, un tendero que compra mercancía para su venta a terceros, o un profesional autónomo que vende a empresas.